Tras el anuncio del Gobierno nacional de retirar de la factura de energía los cobros de la tasa de seguridad y convivencia ciudadana y el alumbrado público, el secretario Jurídico departamental, Rachid Náder Orfale, sostuvo que esta medida pondría en riesgo las finanzas de la Gobernación del Atlántico.
Gracias a este recaudo se destina un importante rubro a la seguridad del departamento, el giro a los Cuerpos de Bomberos en los municipios, las Fuerzas Armadas, y en materia de convivencia los parques, las plazas, las casas refugios para prevenir la violencia contra las mujeres, entre otras obras.
Náder Orfale anunció que la suspensión del cobro los tomó “por sorpresa”, pues nunca fueron notificados, sino que se enteraron por las declaraciones del superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga a medios locales a los que se aplicará a partir de noviembre.
“Actualmente esta tasa se encuentra fundamentada en la ley y en ordenanzas departamentales que determinan los tributos y establecen la posibilidad de que el ente territorial proceda a su cobro a través de la facturación de la energía eléctrica, por tanto la decisión del Gobierno nacional no puede estar por encima de la ley”, precisó.
El funcionario explicó que la ordenanza sigue vigente amparada en una legislación nacional y es deber de todo servidor público darle cumplimiento a la normatividad y el marco jurídico que rige en nuestro país.
“Esta omisión en el cobro de la tasa de seguridad generará repercusiones tremendas para el departamento y se perderá la financiación del alumbrado público y la seguridad quedará huérfana”, sentenció.
Para el secretario Jurídico es muy preocupante que la administración no pueda contar con esta financiación pues de ella se destinan recursos para los Cuerpos de Bomberos, la Policía, Ejército y demás organismos de seguridad.
Al recortar estos dineros, estos carecerán de la dotación necesaria para cumplir con la misión que le es encomendada a cada una de estas organizaciones.
“Existen compromisos de vigencias por 1.9 billones de pesos que en el evento de no ser honrados por el departamento del Atlántico los exponen a cuantiosas sumas de dinero en litigio judiciales que serán desfavorables para el ente territorial lo cual pone en riesgo sus finanzas incluso su existencia misma”, explicó Náder.
Náder hizo un llamado a la empresa Air-e intervenida por el Gobierno nacional a que reconsidere su posición de excluir el cobro de la tasa de seguridad y convivencia en la factura de energía porque se pone en riesgo las finanzas del departamento.
Sobre el particular, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, calificó como improvisada la decisión del Gobierno nacional y rechazó tajantemente el anuncio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, pues afectaría directamente a la ciudadanía en materia de seguridad y frenaría inversiones del sector privado.
“No se puede improvisar de la noche a la mañana, ya que tiene que darse primero una decisión que sea sensata e inteligente. En caso de que se ratifique esta decisión el daño será muy grande porque ataca un impuesto fundamental para la seguridad y no reduce el costo de la energía en la práctica porque hoy el kilovatio hora en bolsa está en cerca de 1.500 pesos y quitar el cobro de los “adicionales”, solo es algo cosmético, no definitivo en lo que pagamos en materia de energía en el Atlántico”, detalló el gobernador.
Expresó vehemente que desde la administración departamental no se “está jugando” con los dineros públicos, sino tomando decisiones importantes que tienen que ver con la seguridad y el alumbrado público, que es la base de la seguridad.
Fuente: Gobernación del Atlántico
