Mientras la empresa Air-e revisaba equipos de medida en el municipio de Sabanalarga, se presentó un acto de violencia física, verbal y psicológica en contra del personal técnico autorizado para estas labores, más el daño de sus implementos de trabajo.
Estos operativos son amparados por la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios (Ley 142 de 1994) para certificar la exactitud de la medida y normalizar las instalaciones que no funcionen adecuadamente, representando peligro para los mismos usuarios.
En la calle 22 un individuo se abalanzó de forma agresiva sobre los trabajadores, atacándolos físicamente y dañando con tubo metálico la escalera para realizar su labor.
Este acto irresponsable y violento obstaculizó verificar la precisión en la medición del consumo de energía, y puso en peligro las instalaciones eléctricas, comprometiendo la seguridad de toda la comunidad, expuesta a fallas en el servicio.
La Policía intervino y capturó en flagrancia a un individuo de 37 años, quien ahora enfrentará cargos por el delito de daño en bien ajeno.
La denuncia en contra de esta persona, fue puesta a consideración de la Fiscalía.
Al respecto, el accionar del capturado incumple la ley 142 de 1994, al perturbar el legítimo derecho que tiene la empresa de adelantar esta labor.
El artículo 29 señala que las personas que obstruyan este trabajo deben ser multadas de uno (1) a cinco (5) salarios mínimos mensuales por cada semana o fracción de demora de los trabajos.
Además, el individuo cometió el delito de constreñimiento y el delito de agresión.
Para ambos casos, Aire está respaldada por la Ley para asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus acciones, respondan por sus delitos y respondan ante la justicia.
Otra agresión
Otro caso de agresión y defraudación de fluidos fue reportado por la Policía en la calle 44 con Kra 53B (Barrio Abajo).
Richard Enrique Castro, de 43 años y electricista de oricio, fue capturado en flagrancia manipulando un medidor de energía, utilizando una escalera.
Ante una requisa, el sujeto intentó huir y con agresividad mordió en el brazo a un patrullero.
Fue capturado por el delito de defraudación de fluidos y violencia contra servidor público e impedimento de las acciones, delito previsto en el artículo 429 del Código Penal, con prisión de cuatro (4) a ocho (8) años.
Fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) para ser puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde enfrentará el proceso penal por los delitos de defraudación de fluidos en grado de tentativa y violencia contra servidor público.
El ilícito de defraudación de fluidos tiene una pena máxima de prisión de seis (6) años y una multa de hasta 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes ($195.000.000).
La empresa recordó estos actos de violencia trascienden la esfera del derecho a la presentación de PQR por parte de los usuarios y constituyen un verdadero atentado contra la vida y la integridad personal de sus operarios, estimando que las autoridades ejerciendo un mandato constitucional y legal, deben proteger la labor que se desarrolla.
Finalmente, Air-e hizo un llamado a la tolerancia y al respeto por el orden jurídico, que no se puede trasgredir de ninguna manera.
Como ya lo ha expuesto en otras oportunidades, tiene para los usuarios las oficinas de atención al cliente para que a través de los medios previstos en la ley hagan valer sus derechos y presenten cualquier inquietud relacionada con la prestación del servicio.
“Las vías de hecho y la violencia no son la manera de expresarse puesto que constituyen actos reprochables y sancionables por la ley”, remarcó la compañía.
Fuente: Relaciones Externas Air-e
